domingo, 15 de junio de 2014

Material para difusión

LA MISERIA PETROLERA

El pueblo santacruceño de Las Heras había sido, desde su fundación como parada intermedia del ferrocarril, un pueblo patagónico de no más de mil habitantes. Fue con la llegada de YPF, en los años ’60, que se inició un marcado crecimiento demográfico. Paralelo a éste, los propietarios de las estancias comenzaron a vender sus terrenos para la instalación de pozos, disminuyendo paulatinamente la actividad ganadera. Esta dependencia respecto a las actividades petroleras, hizo que el pueblo parezca más un ingenio, o un campamento corporativo, que un pueblo propiamente dicho.
La privatización de YPF, en 1991, tuvo por estas razones, un profundo y devastador impacto en el pueblo. Cabe recordar que el mayor impulso a esta medida vino de la mano de la OFEPHI, organización que nuclea a las gobernaciones de las provincias petroleras y cuya presidencia era ejercida justamente por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Por el remate de la empresa, las provincias de la OFEPHI recibieron cuantiosas sumas monetarias. La gobernación santacruceña adquirió, con parte de ese dinero, acciones de Repsol-YPF, transformándose en accionista de la misma.

La población local fue blanco no solo de todos los ajustes salariales del gobierno provincial y nacional, sino también de las estrategias precarizantes de las empresas petroleras. Esto, que no ha cambiado en la última década, moldea todavía hoy el panorama social de Las Heras. Una gran cantidad de trabajadores son llevados por las empresas desde distantes localidades para ejecutar trabajos por tiempos limitados. Por supuesto son moneda corriente los contratos “flexibilizados”, que hacen depender al trabajador de la renovación  del contrato mes a mes. Los salarios son relativamente bajos cuando se considera el coste de vida de la región y el riesgo físico del trabajo en los pozos petroleros.

Las estrategias de flexibilización, precarización y tercerización encuentran allí su expresión más pura. En 1995 el desempleo trepó al 25% y 7000 personas emigraron. La población local, predominantemente masculina, registró fuertes problemas de alcoholismo y de violencia familiar y callejera. Entre 1997 y 1999 veintidós adolescentes y niños protagonizaron suicidios y, otros tantos, intentos fallidos.

La situación de los trabajadores revela además la complicidad de la burocracia sindical para con la patronal. Mientras el secretario general de los petroleros declaraba: «acompañamos al compañero Kirchner desde 1987»[1], los trabajadores de las compañías tercerizadoras estaban incluidos bajo convenios funcionales a la patronal. Ese es el caso de los empleados de Indus (una contratista de YPF) que estaban encuadrados como trabajadores de la construcción, en un convenio de UOCRA, de forma que su salario era muy inferior al del resto de los petroleros.


LOS PETROLEROS SE ORGANIZAN

A fines del 2005 los trabajadores bajo ese convenio obtienen un tímido aumento salarial que busca compensar la creciente inflación. Sin embargo, este aumento hace que su salario sobrepase el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, establecido en 1992. El 23 de diciembre los trabajadores entran en conocimiento de que por este impuesto no se les pagará el aguinaldo. Tras hacer un infructuoso reclamo, los trabajadores de Indus organizan una asamblea en la que deciden hacer un paro por tres días. La medida inicia el 26 de diciembre del 2006 y a ella se adhieren los trabajadores de Serpecom Metrapek. Finalmente la patronal accede a pagar el aguinaldo.
Es gracias a esa medida de lucha que los trabajadores “de la construcción” de Las Heras entran en contacto con delegados de trabajadores petroleros de varias empresas. Estos últimos estaban planificando tomar medidas por el mismo reclamo y querían la colaboración de los compañeros de Las Heras. Ambos grupos acuerdan plegarse a una misma medida de lucha para reclamar por la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que afectaba a los petroleros y para que los trabajadores bajo el convenio de la UOCRA pasen al convenio que les correspondía, el de los petroleros.

El 23 de enero los trabajadores lanzan un nuevo paro, pero los petroleros no se unen: pese a las intenciones de los delegados, siguen debatiendo en asamblea si adherir o no a la medida. Los trabajadores bloquean los accesos a los pozos, para que los petroleros no puedan trabajar, logrando a la vez debatir con ellos. El tercer día de paro ejecutivos de YPF y miembros de la UOCRA convocan a los trabajadores a una reunión en el Ministerio de Trabajo, proponiéndoles la firma de un acta donde se comprometían a traspasarlos al convenio de los petroleros, pero a condición de desistir del paro y no plegarse a la medida de lucha que los petroleros estaban todavía debatiendo. Mientras esto sucedía, algunos delegados iban siguiendo la asamblea de los petroleros, que se trasmitía radialmente. «Entonces, en un momento [los petroleros] dijeron: “Bueno, ¿vamos al paro o no vamos al paro?”. Y el grito de todos los petroleros fue: “¡Vamos al paro!”. Ahí nos invadió la alegría a todos nosotros, el abrazo entre todos los compañeros porque íbamos a tener un apoyo. Porque hasta ese momento lo que íbamos a tener era un papel, una promesa con el Ministerio de Trabajo y todo lo demás, una promesa… Pero habíamos escuchado esa fuerza de los trabajadores y la alegría nos invadió, nos caían lágrimas de lo contentos que estábamos. “Vamos al paro, se va todo a la mierda”, dijimos los delegados y subdelegados de las empresas. Dejamos todo y nos fuimos. Nos fuimos y continuamos el paro. Se nos unieron los petroleros y fue así que estuvimos varios días. Nos organizamos. Con los petroleros, con los delegados, dijimos que iba a haber un vocero para que nadie anduviera hablando por ahí, porque siempre la prensa preguntaba y preguntaba y nos preguntaban a todos. Entonces, para que no hubiera una mala comunicación, quedamos en que todo lo que se decía, lo decía el vocero. Se eligió a Mario Navarro como vocero. Él decía todo lo que salía de nosotros. Fueron varios días de piquetes. En total, veintitrés días de paro. Fue muy largo. Para febrero ya había llegado la GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), habían llenado Las Heras. No se podía salir a la calle por la noche. Allanaban los boliches, pedían documentos por todos lados. Estaba militarizado. Los mismos compañeros que estaban de paro tenían muchísimo miedo, porque al salir te hacían cagar. Si salías de noche y tenías cabello largo, te pelaban. En serio, es posta: eso pasaba cuando estábamos de paro. Le hacían tener miedo a la gente, el miedo era terrible porque andaban en camionetas sin patente, se bajaban y eran robocops, daban muchísimo miedo. Ya se sabía que iban a detener a los cabecillas de esto, a los delegados. Había rumores por todos lados, por la radio, de lo que iba a pasar. Ya se sabía.»[2]


 LA BURGUESÍA RESPONDE

El 6 de febrero, luego de dar una entrevista en FM Radio Soberanía, la policía detiene a Navarro, y lo encierra en la alcaldía, sede policial desde enero de ese año. Cuando se busca averiguar las causas de la detención, la policía responde que Navarro estará incomunicado por 48 hs y que posteriormente serán publicadas las causas del arresto.
Aproximadamente cien petroleros comienzan a reunirse frente a la alcaldía, desobedeciendo las órdenes de dispersarse de la policía y reclamando la libertad de Navarro.

Tras efectuar dos disparos al aire, la policía empieza a reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos, que son respondidos con piedras por parte de los manifestantes. Los varios testimonios sobre lo que pasó a continuación son confusos y contradictorios. Según Adrián Saucedo la policía efectuó una maniobra de pinzas en conjunto con el GEOP.

Mientras tanto, los petroleros que estaban llevando a cabo los piquetes se reúnen en la entrada de Las Heras y desde allí marchan hasta la alcaldía donde, pese a los gases y disparos de la policía, llegan a concentrarse mas de mil personas, revelando el amplio apoyo popular de la población para con los trabajadores y la hostilidad que los “agentes del orden” habían logrado ganarse.

«En un momento los policías apagaron las luces y quedamos en medio de una oscuridad total. No dejaban de disparar. Fue una eternidad. Nosotros pensábamos que tiraban con balas de plomo, escuchábamos el ruido de los tiros y el sonido del silbido de las balas, que nos rozaba las caras, todo sin detenerse, en medio de la oscuridad, y cuando corríamos se podía ver a gente tirada en el piso y no se sabía si estaban heridas o qué. Todo en medio del caos, hasta que de repente se empezó a escuchar el grito de que había caído uno. “Cayó uno”, decían. Había un oficial tirado, y los otros oficiales lo llevaban para adentro, y de la alcaldía salía la ambulancia. Nosotros no sabíamos qué pasaba.»[3]

El policía muerto era Jorge Sayago. Nacido en Formosa y radicado en Caleta Olivia, había sido trasladado ese mismo día a Las Heras para “hacer algunas detenciones”. El peritaje forense, llevado a cabo por el pediatra José R. Antipani, concluyó que pese a la herida de bala y la puñalada, la causal de su muerte fue una hemorragia intracraneal provocada por un golpe en la parte trasera del cráneo.

Sayago no había sido el único herido, según los propios policías, otros cinco recibieron impactos de balas en partes del cuerpo descubiertas por los chalecos antibalas. Incluso las dos ambulancias que trasladaron a cuatro policías heridos primero, y luego a Sayago, presentaban agujeros de balas. El entonces diario oficialista Clarín reportaba que la comisaría había recibido la inverosímil cantidad de 130 impactos de balas.[4] Los peritajes aseveraron que en los disparos se utilizó munición de calibre 22 de punta hueca, prohibida por las convenciones internacionales de guerra desde 1899, pero usada por la Policía Federal. Otros ocho dijeron haber sido heridos por piedras de los manifestantes. Luís Bicego, párroco de Las Heras declaró en una entrevista que: «(…) después de algunos meses esos policías me vinieron a ver para que los acompañara en el reclamo de sus derechos porque, según me dijeron, no los habían indemnizado ni los habían ascendido. Y fue entonces que me contaron que ellos, el grupo de policías, venían esa noche de una Fiesta de las Cerezas de Los Antiguos. Y recibieron la orden de entrar a Las Heras para controlar el reclamo, pero con la orden expresa que tenía que suceder algo grande para que pudiera intervenir la Gendarmería.»[5]

Efectivamente, el 9 de febrero comienzan a arribar efectivos de gendarmería a Las Heras, enviados desde el gobierno nacional. Los petroleros deciden no confrontar con ellos, y desalojan pacíficamente los piquetes. Con el paso de los días, los efectivos de gendarmería llegaron a ser, según algunas fuentes, más de 300, y a ellos se sumaron efectivos policiales y de inteligencia.

Esta numerosa presencia policial permite iniciar una persecución que evidencia estar claramente destinada al desmantelamiento de la organización obrera. El mismo párroco citado recuerda que: «Volví de Italia después de una semana y acá había una cacería. Me hacía acordar la época de la represión militar, que tuve que sufrir en Buenos Aires. Agarraban a uno, lo torturaban para que dijera quién estaba al lado suyo aquella noche. Una cacería que hacía el grupo especial. Retenían a los detenidos en cualquier lugar. Los golpeaban. A los seis que fueron detenidos y llevados a Puerto Deseado los torturaron todo el trayecto, que tiene más de 300 km de distancia. El comisario Masterano, que recibió a los presos en Puerto Deseado, informó el estado de la golpiza y ese informe le costó la carrera, ya que nunca más ascendió. La gente tenía miedo. Por eso se empezó a refugiar en la escuela de la parroquia. La policía iba a las casas. A un hermano de los imputados lo confundieron y entraron a la casa y lo golpearon delante de la mujer y los hijos. Tenía problemas de columna y se tuvo que operar. La gente se mantuvo refugiada en estas instalaciones durante veinte días, había hasta cien personas en este lugar. La gente que había quedado herida aquella noche se presentaba en el hospital y quedaba presa. (…) Esas semanas parecían ser una copia de lo que sucedía bajo la dictadura.»[6]

Lo que hasta ese momento había sido un cerco informativo sobre la lucha de los trabajadores, se convirtió a partir del 8 de febrero en una avalancha desinformativa. La prensa burguesa se enfocó en hacer resonar las versiones oficiales, incluso con todas sus incoherencias. Si se cubrió la represión fue solo para darle el carácter de “versiones” o “denuncias” (que evidentemente no merecían ser investigadas) para ser posteriormente caracterizadas como “excesos” colaterales de la investigación. 


LA CONDENA

En junio del 2013 comenzó en Caleta Olivia el juicio oral por la muerte de Sayago. La investigación previa, instruida por la jueza Graciela Ruata de Leone, no investigó los rumores que decían que la multitud estaba infiltrada. Tampoco se investigó la responsabilidad de la jerarquía policial y judicial que ordenó reprimir una población que sobrepasaba y tenía rodeados a los efectivos y que solo después de la muerte de Sayago ordenó liberar a Navarro. No se investigó a los comisarios que estaban dentro de la comisaría, coordinando la represión con el grupo GEOP y con el grupo de policías de Caleta Olivia.
Varios testigos, que admitieron ser torturados o intimidados durante sus declaraciones, afirmaron que los disparos provinieron de los rifles de dos hombres. Tal arma nunca fue encontrada, aunque se le imputó a uno de los acusados la tenencia de un revolver calibre 22. Las balas disparadas no pudieron ser auditadas para establecer si ese arma había disparado porque estaban fragmentadas, algo común en las municiones de punta hueca.

Lo único que fue probado en el juicio fueron los vejámenes policiales, y que, los testimonios arrancados con torturas e intimidaciones, eran tan incoherentes como los planes policiales para establecer un chivo expiatorio. Se reconoció el uso de las instalaciones de la vialidad municipal como centro clandestino de detención y tortura, la utilización de vehículos sin patente para amedrentar e intimidar a la población y a los abogados de la defensa.

Mientras esto pasaba, algunos “sospechosos” ya estaban detenidos. «Estuve tres años preso, conocí a mi hija estando preso, porque ella tenía un mes cuando a mí me metieron preso. Me perdí de verla caminar por primera vez, me perdí muchas cosas de mis hijos y no quiero seguir perdiéndome cosas de mi familia.»[7]

En diciembre de ese mismo año la justicia finalmente llegó”, condenando sin pruebas a trece trabajadores minuciosamente seleccionados, o bien por su participación gremial, o bien por “portación de apellido”. Ramón Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado. Franco Padilla, por tener 14 años en el momento del hecho, fue sometido a “tratamiento tutelar”. Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach recibieron cinco años de prisión por coacción agravada. Darío Catrihuala, quien supuestamente disparó el arma contra Sayago y otros dos policías, recibió también cinco años de prisión por lesiones graves calificadas. Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez, quienes nunca fueron mencionados en ninguna declaración durante ni previa al juicio, fueron sobreseídos.

Los jueces fundamentaron sus condenas basándose solo en uno o dos testimonios por trabajador condenado y sin ninguna evidencia material. Además cerraron el caso sin siquiera tratar muchos de los aspectos centrales, como por ejemplo, la identidad del supuesto francotirador que algunos de esos mismos testimonios afirmaron ver, o las responsabilidades de la jerarquía policial en el caso. ¡Cuánta ceguera mental hace falta para no ver que los jueces no tienen ninguna intención de hacer lo que ellos llaman justicia! ¡Cuán obvio es que solo les importa castigar a los trabajadores y desmantelar su lucha!


MÁS ALLÁ DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS

Aunque la amenaza de que los trece trabajadores condenados vayan a la cárcel obliga a priorizar la cuestión de la condena, ésta es solo un episodio de lo que fue toda la orquestación represiva contra el movimiento de los petroleros. Entendido así, en su globalidad, el hecho represivo ya no puede ser atribuído solo a unos jueces, comisarios, policías o políticos. La militarización de Las Heras y la subsecuente “caza de brujas”, se realizaron para desbaratar una organización que hubiera podido reducir las ganancias de las empresas petroleras y del Estado.
Incluso se puede levantar todavía más la mirada. Hechos como este, que se repiten a lo largo del globo y a lo largo de la historia, hacen parecer la cuestión represiva como una manifestación concreta, como hecho. Pero la represión propiamente dicha está encarnada en la misma existencia de este sistema y se mantiene latente solo gracias al estado de sumisión logrado. Por eso la cantidad de hechos represivos y su violencia puede oscilar según sea más o menos requerido por situaciones particulares y según tenga la burguesía más o menos herramientas a las cuales recurrir para desactivar una determinada lucha, pero el aparato represivo y su acción manifiesta u oculta son una necesidad constante de este sistema.

Ahora bien, constante no quiere decir estática. No son solo los aparatos militares y policíacos los que están en permanente renovación, incorporando nuevas tácticas y tecnologías; las funciones de vigilancia se profundizan transversalmente en toda la población. Esta región, en particular, manifiesta además los indicios de una reorganización formal del aparato represivo: el nombramiento de ex represores en cargos estratégicos (Milani, Berni, etc.), la ley anti-terrorista y el proyecto de ley anti-piquetes, la direccionalidad de los aparatos de inteligencia (el Proyecto X, los casos de infiltrados en organizaciones de izquierda), la militarización de ciudades, la instalación de cámaras de seguridad, la incorporación de identificadores biométricos en los nuevos DNI, etc.

Todo esto ocurre frente a una ínfima oposición, y lo que es peor, frente a una sustancial aceptación y apoyo por parte de quienes son su verdadero objeto de control. El Capital nos educa desde niños, haciéndonos aceptar y hasta desear su esclavitud asalariada. No solo se ha logrado así la aceptación de la represión constante que significa el Capital, sino incluso la imposibilidad de imaginar alternativas a este sistema de esclavitud asalariada. Es predecible que quien se encuentra ajeno a la historia de su clase y cree ingenuamente que “el Estado está para representarnos, la policía para protegernos y los jueces para hacer justicia”, limite su reclamo por el conflicto de Las Heras a jueces más justos, policías menos corruptos y políticos más representativos.

Podríamos, como todo buen político, congraciar con todo este pensamiento común, reclamar la liberación de los petroleros bajo consignas contra la corrupción policial, contra la parcialidad de los jueces, o contra el “derechismo del gobierno”. Podríamos decir, por ejemplo, que esto podría evitarse con comisarías bajo control vecinal, juicios por jurados de pares, y con más diputados “trabajadores”. Pero sabemos que presentar estas “injusticias” como defectos subsanables de las mismas instituciones que mantienen este sistema de explotación no solo es una mentira, sino que oculta la violencia total y cotidiana del Capital y el Estado.

No podemos escindir la lucha por la liberación de los petroleros de la necesidad de una transformación radical de la sociedad. La reorganización del sistema represivo no puede combatirse legitimando sus instituciones, haciendo de los hechos represivos excesos limitables. Tampoco puede combatirse con reformas, porque éstas son justamente los mecanismos que le dan vitalidad a su existencia. El sistema represivo solo puede combatirse con la organización de los explotados, de quienes mantenemos con nuestro trabajo su existencia, y cualquier rodeo reformista no es más que una trampa en la que debemos evitar caer. La destrucción de las herramientas con que se mantiene este sistema no es un objetivo a largo plazo, sino el camino que debe seguirse en cada lucha.


¡Abajo el Estado y sus cárceles, policías y milicos!
¡Abajo el Capital!


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[1]              Cita a Hector Segobia, en http://www.elmilitante.org/amrica-latina-principal-137/argentina-principal-139/3088-sobre-la-lucha-de-los-trabajadores-petroleros-de-la-patagonia.html
[2]              Adrián Saucedo, trabajador de Indus, testigo de la causa Sayago. Entrevistado en El Kirchnerismo feudal, Diego Rojas.
[3]              Ídem.
[4]              Las Heras: detienen a otros diez sospechosos por el crimen del policía. En http://edant.clarin.com/diario/2006/03/10/elpais/p-01501.htm
[5]              Absolución: la voz del párroco de Las Heras, ANRed. En http://www.anred.org/spip.php?article7240
[6]              Luis Bicego, párroco de Las Heras. Entrevistado en El Kirchnerismo feudal, Diego Rojas.
[7]              Ramón Cortéz, entrevistado en GEN FM. Tomado de http://www.marcha.org.ar/index.php/nacionales/144-nacionales/5001-las-heras-nunca-pudo-haber-salido-el-balazo-de-la-manifestacion

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